Ante la Difamación y la Calumnia: Rendición de Cuentas.

“Es el estigma de la pequeñez propia, el suponer la pequeñez ajena”. José Martí.

La lucha política implica siempre riesgos. Mucho más cuando al asumirla se decide enfrentar el poder. Son múltiples los casos de tramas, conspiraciones, manipulaciones y tergiversaciones que han sufrido aquellos que han decidido combatir las conductas y acciones públicas que perjudican a la ciudadanía. El sistema político dominicano de hoy nace del germen del autoritarismo, lo cual es quizás la razón fundamental de porqué hoy día los actos de disidencia ciudadana frente al poder público y privado se intenten sistemáticamente acallarlos. Nuestra clase política y fundamentalmente el PLD, ha consolidado dentro de las reglas que rigen esta sociedad, una concepción patrimonialista del Estado en donde es considerado como un botín de guerra que le pertenece al partido de gobierno. Es decir, aquel constructo teórico de que el Estado somos todos, no tiene vigencia en el marco de la supuesta institucionalidad democrática que tenemos en este país.

En esta ocasión ha sido contra mi a quien se intenta materializar un claro caso de “Asesinato de la Reputación” , mediante la publicación de un libelo (Click aquí) difamatorio, injurioso y que a todas luces comprometen la responsabilidad penal y civil de la persona quien la publicó, en este caso un joven llamado Edward Chá. El haber asumido la responsabilidad de involucrarme en el colectivo Poder Ciudadano, el cual mediante la campaña denominada: “Cadenas Humanas contra la Corrupción y la Impunidad” ha iniciado una intensa jornada de lucha ciudadana exigiendo transparencia en el uso de los fondos públicos y la puesta en funcionamiento del sistema de consecuencias contra aquellos que prevaleciendo de sus cargos han saqueado el erario, es fundamentalmente el motivo que subyace en este intento de desestimarnos moralmente frente a la ciudadanía.

Consciente de mis derechos y mis deberes ciudadanos, he exigido siempre de las autoridades rendición de cuentas a la ciudadanía. Y por ello, nuestras exigencias se fundan en nuestro convencimiento de que los sistemas democráticos se construyen y se mantienen a través de ese diálogo entre representantes y representados. Tener esta idea clara, que nos lleva a exigir el manejo pulcro y ético de la cosa pública, nos hace estar plenamente consciente de que tenemos el deber de contar con la autoridad moral que se deriva de un ejercicio de nuestros derechos y deberes cívicos ejemplares, pese a vivir en una sociedad de complicidades, envilecida que estimula el incumplimiento de la ley. Claro estamos de que no se puede lanzar piedras teniendo techo de cristal, y sin lugar a dudas el techo que nos guarece está preparado para sufrir los embates de cualquier tipo de artillería.

Frente a la difamación y la calumnia publicada en mi contra, he recibido múltiples apoyos y algunos de ellos nos han aconsejado no referirnos a lo que esas aviesas voces pretenden inocular en el imaginario de la gente. Pero estoy convencido que ante la calumnia, ante la injuria, ante la difamación y manipulación debo responder, porque creo que el que calla otorga, y cómo me acompaña la razón y la verdad y soy fiel creyente en las reglas que rigen la democracia, estoy dispuesto siempre a rendir cuentas a cada ciudadano que nos las exija. En ese sentido, a continuación explicaré en detalle y aportando la documentación que sustenta cada una de nuestras afirmaciones, el tipo de relación que como especialista en derecho público he sostenido con el Estado dominicano y que de forma perversa se pretende manipular para crear otra idea sobre el particular.

Los Hechos.

En fecha 4 de octubre del año 2013, la oficina de abogados “Pujals y Rodríguez – Soluciones Legales”, a través de quien suscribe en su condición de Director de dicha oficina y persona física inscrita en la Dirección General de Impuestos Internos con el No. De RNC asociado a nuestra cédula de identidad y electoral No. 001-1770364-5 y en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 36052 de fecha 28 de Octubre del 2013 bajo la clasificación de proveedor de servicios y consultoría (VER ANEXO 1), acordó la suscripción del contrato de consultoría No. 2867 con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, a los fines de brindar asesoría jurídica en un Proyecto que de manera conjunta desarrollarían el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral.

En ese sentido, la oficina de abogados a la que represento ofreció en tiempo oportuno y permanente todas las recomendaciones, asesorías y consultas que con relación a dicho Proyecto se nos solicitara en ocasión de los servicios contratados. Pero no solo eso, sino que, extendiendo nuestros servicios más allá de lo convenido contractualmente, nos pusimos a disposición de la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación para cualquier otro tipo de consulta, hecho que puede ser confirmado por la Directora de dicho departamento. Todas nuestras consultas emitidas por escrito y vía digital durante el tiempo de nuestros servicios, pueden ser debidamente confirmadas en la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación mediante la solicitud correspondiente a través de la oficina de acceso a la información pública en virtud de la ley 200-04, ya que es dicha institución como destinataria de las mismas y frente a la cual según contrato y ética profesional tenemos un deber de confidencialidad conforme el artículo 5 del contrato de referencia (VER PARTE 2 ANEXO 4). A eso habría que sumarle todas las ocasiones en que parte de nuestro equipo de trabajo, en especial el caso de nuestro socio senior el Lcdo. Jaime Rodríguez, también especialista en derecho público, tuvo que trasladarse personalmente a reuniones y encuentros relacionados con los objetos de las consultorías, lo cual puede ser igualmente confirmado por la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación.

La forma de pago convenida y ejecutada por parte del Ministerio de Educación, dada la naturaleza profesional y no laboral de nuestra relación (VER ANEXO 2), fue a través de cheques, lo cual se puede confirmar solicitando la certificación correspondiente al departamento de Tesorería del Ministerio de Educación. Como muchas personas que legítimamente prestan servicios profesionales al Estado saben, el procedimiento de pago de dichos servicios es siempre burocrático, tedioso y tardío. En lo que a nosotros respecta, el pago a través de cheque como pago de nuestros servicios nunca era realizado a tiempo y llegaba a acumularse varios meses, sin que en ningún momento por dicha razón dejáramos de cumplir nuestras obligaciones.

En ese sentido, en fecha 09 de febrero del 2015 mediante comunicación timbrada por nuestra oficina, le expusimos al Ministro de Educación, Lcdo. Carlos Amarante Baret que: “no obstante estar prestando los servicios bajo los cuales fuimos contratados y otros adicionales, se han presentado constante y reiterativos inconvenientes al momento de poder obtener mensualmente el pago convenido con el Ministerio, a saber la suma de RD$55,000.00 mensuales. A la fecha de hoy se nos adeuda los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014, así como el mes de enero y febrero del año 2015, es decir, un cúmulo de 7 meses sin que podamos recibir efectivamente el pago por los servicios prestados. Ante esta situación hemos agotado distintas diligencias, pero todas han resultado infructuosas”.

Indicamos que desde la inexistencia de las órdenes de pago, falta de firmas y la supuesta reiterada falta de presupuesto institucional, son los constantes argumentos que nos presentan como excusa ante el atraso considerable en el cumplimiento de las obligaciones.

Ante una acumulación de 7 meses sin recibir el pago que por nuestros servicios nos correspondía y la complicación para que dicho pago se ejecutará, situación que era extensiva a otros asesores de la institución, la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación decide tramitarlos a través de la nómina de dicha institución –situación también extensiva a otros asesores-, y por esa razón los pocos últimos meses en que prestamos nuestro servicio figuramos en dicha nómina, con la observación de que de los pagos acumulados nunca se efectuaron los correspondientes a dos meses, es decir que dada las complicaciones burocráticas para cumplir las obligaciones prestamos nuestros servicios de manera gratuita por esos dos meses. En adición a esto la Lcda. Teresita Bencosme Comprés, Consultora Jurídica del Ministerio, nos cursó una comunicación en fecha 20 de febrero del 2015 mediante la cual nos indicó que dicho departamento había tramitado las solicitudes de pago pendientes y que lamentablemente se escapaba de sus facultades obtener los pagos puntualmente. Sobre esta situación, el Director de Dpto. de Nómina, Leoncio Moreno de Jesús, emitió la certificación de fecha 04 de septiembre del 2015, mediante la cual establece que los meses adeudados fueron pagados mediante el libramiento No. 5830(VER ANEXO 3)

Hay que resaltar que contrato de referencia establece en su artículo 4 que: “Las PARTES reconocen y aceptan que el presente contrato no establece relación de subordinación laboral entre ellas bajo los términos del Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley No. 16-92, de fecha 29/5/1992, ni de la Ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha 16 de Enero del 2008. Del mismo modo, todo lo referente al aspecto laboral del personal que intervenga por parte del CONTRATADO en la ejecución y desarrollo de este contrato, estará bajo la única y exclusiva responsabilidad del CONTRATADO.”

Igualmente el numeral 2 de dicho artículo 4 dispone que: “EL CONTRATADO por este medio libera al MINERD de toda acción o demanda laboral que él o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentarán en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente contrato.” (VER PARTE 1 ANEXO 4)

Esta es la verdadera razón y no la que especulativa, infundada y de forma tergiversada, personas dedicadas al linchamiento moral se han dedicado a difundir. Nunca hemos tenido relación laboral con el Ministerio de Educación, sino una relación de prestación de servicios profesionales conforme se establece en el contrato suscrito.

En fecha 20 de agosto del año 2015, mediante comunicación (VER ANEXO 5), comunicamos a la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación la terminación unilateral de la relación contractual que nos unía con dicho Ministerio. No obstante en la misma requerimos que la terminación se hiciera a final de agosto, por solicitud de la propia Directora y para cumplir con consultas que se nos hicieran posteriormente, la misma se hizo efectiva en el mes de septiembre, fecha en que ya de por sí vencía la renovación del contrato. Evitando precisamente la renovación automática procedimos a rescindir unilateralmente con dicho contrato.

Resulta curioso que en el difamatorio panfleto puesto a circular digitalmente se especule respecto a las posibilidades materiales de nosotros cumplir con un horario en el Ministerio de Educación y participar de otras actividades personales, como por ejemplo las manifestaciones frente a la OISOE en las que legítimamente y en el ejercicio de nuestros derechos hemos participado. Esto, en primer lugar, porque nunca hemos tenido una relación de sujeción con el Ministerio de Educación, como es propio en las relaciones laborales en las que el empleado debe estar a disposición del empleado en un horario, sino que la relación que hemos tenido con el ministerio es la de Consultor-Cliente. Pero además porque ya para el inicio de dichas manifestaciones nosotros habíamos rescindido por iniciativa propia la relación profesional tenida con el Ministerio de Educación.

Respecto a la injuria de que nosotros mantenemos oculto esta relación, lo mismo se cae con misma publicación que hace el difamador, cuando muestra la nómina especial del Ministerio de Educación. Igualmente, en este blog desde hace bastante tiempo está publicado en nuestra biografía que fuimos consultor esta institución y de la Procuraduría, lo cual además está incluido en los perfiles curriculares aportados en los procesos de licitación utilizados en las consultorías del Ministerio Público.

Igualmente mediante comunicación de fecha 24 de noviembre del año 2015, hicimos la devolución que hiciéramos de un computador personal que a nuestro equipo de trabajo se le suministró para fines de nuestros servicios convenidos y prestados. (VER ANEXO 6).

Contexto

Habiendo expuesto en detalles cada uno de los argumentos que desmontan el libelo difamatorio publicado por el joven llamado Edward Chá, es importante determinar quién es la persona que ha realizado dicha publicación, para determinar el objetivo que detrás de la misma puede haber. A este joven lo llegó a conocer por Facebook, por una solicitud de amistad que él me envió, si mal no recuerdo, a finales del año pasado. Dicha solicitud la acepté como lo hago como todo aquel que me envía una solicitud, ya que considero mi cuenta de Facebook como un foro público abierto a todos y a todas. La primera vez que intercambio con este joven, es porque me escribe el 22 de diciembre del 2014 vía mensaje privado, solicitando mi ayuda por un conflicto que tuvo con una persona llamada Martha Rivera-Garrido quien había amenazado con demandarlo por difamación, luego de que éste dijera que uno de sus poemas era un plagio. En esa ocasión, habiéndose equivocado en dicha acusación, decidió borrar el post en donde se hacía la acusación falsa y procedió, por recomendación nuestra a realizar una declaración rectificando su error. En aquel momento, ante la desesperación de este joven, le ofrecimos nuestros servicios profesionales de forma gratuita, teniendo en cuenta que había admitido su error y hecho lo necesario para enmendarlo.

Luego, los intercambios sostenidos con este joven se cifraron al hecho en que este quería que yo prologara un libro que él estaba realizando. Para lo cual en varias ocasiones me escribió indicándome que el libro estaba casi listo. Luego de esto, me escribía con la intención de juntarse conmigo en actividades de tipo lúdica a las cuales por motivos personales nunca acepté. De repente, ese trato cambió y públicamente el joven Edward Chá comenzó una intención campaña de acoso respecto de las publicaciones que hacíamos e incluso de forma espontánea sin existir motivos para que se dieran reacciones de su parte. A estos ataques nunca le prestamos atención, por el contrario decidimos siempre ignorarlos porque nos pareció, como ahora, que se trataba de un joven que buscaba llamar la atención y abrirse paso a como dé lugar, sea incluso a costa de la reputación de los demás. La última vez que tuve algún tipo de contacto con este joven, fue cuando el 14 de agosto del 2015 este me escribiera por mensaje privado, pidiéndome disculpas por haber sido un ingrato conmigo en determinado momento. Reconociendo además que no era la mejor persona y que tenía miles de defectos. Nosotros le extendimos nuestro aprecio sincero, aceptamos las disculpas inesperadas y le exhortamos a que su potencial y talento lo pusiese al servicio de quienes lo necesitan. Luego de eso, continuó con su campaña de acoso, hasta el punto en que decidimos eliminarlo de nuestra lista de contactos. Posterior a eso, expresó mediante varios post su enojo por la medida que unilateralmente adopté y la última reacción de su parte se trata de esta publicación injuriosa y difamatoria. Tenemos en nuestro guardado el historial de las conversaciones sostenidas con este joven y que evidencia este relato que compartimos. El que me lo requiera puedo remitírselo sin inconvenientes para que se haga su propio juicio.

Conclusiones

Los que conocen mi trayectoria pueden dar testimonio de que siempre he denunciado enérgicamente todas las tropelías de los gobiernos que mientras hemos accionado en política, nos han dirigido. Durante el gobierno de Danilo Medina, así como los demás de gobierno del PLD, en todas nuestras posiciones públicas y privadas hemos siempre enfrentado a este partido y a estos dirigentes sobre la base del escrutinio objetivo de sus conductas como hombres públicos. Esto nos ha costado incluso la enemistad con familiares ligados al PLD, como es el caso de mi tío el Senador Prim Pujals, quien por nuestras posiciones se ha alejado afectivamente de nosotros por entender que el hecho de ser familiares me obliga a defender los intereses que él representa. He sido vertical y en cada oportunidad no he permitido que ningún tipo de influencia acalle nuestro pensamiento. No he asumidos poses, sino posiciones revestidas de la firme convicción de que lo que defiendo lo hago porque en ello creo.

Mi experiencia profesional no es fruto de la improvisación o el oportunismo. Así como fui consultor del Ministerio de Educación, también lo he sido de la Procuraduría General de la República, servicios que han consistido en la elaboración de 2 propuestas de reglamento interno; el primero, el reglamento sobre la carrera del ministerio público aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, y el segundo, el reglamento disciplinario pendiente de aprobación por dicho organismo. En ambos procesos nos sometimos a procesos de licitación pública auditados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), quien se encargó de financiar ambos proyectos. Igualmente en casi 8 años de ejercicio profesional he trabajado en oficinas de alto prestigio, como lo es Alburquerque & Alburquerque, donde me ocupe del área de litigios y la oficina Salcedo & Astacio, donde ocupe la función de Sub-Gerente y Gerente de Litigios, donde me tocó prestar servicios profesionales al Banco Central en los casos de fraude bancario e igualmente realizar labor de consultoría con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nuestra cualificación académica está soportada en múltiples programas de postgrado y maestrías realizados fuera y dentro del país en el área de derecho público.

De lo que se trata aquí es de un claro caso de difamación con el objetivo de fusilar moralmente nuestra reputación con el objetivo de deslegitimar el movimiento Poder Ciudadano del cual soy parte y uno de sus voceros. Vale agregar que además de la infamia perpetrada en nuestra contra, este mismo joven injurió y difamó igualmente a personas allegadas a mí como lo son Matías Bosch y Juan Miguel Pérez, con quienes además de tener estrechas relaciones de amistad, nos une una militancia en las ideas y en lo político contestarías del status quo y del pensamiento conservador.

En lo personal no dejaremos de seguir ejerciendo el área de práctica que hemos asumido y seguiremos ofreciendo nuestros servicios profesionales sea en los casos en que se abra licitación pública o por contratación directa siempre amparados en lo que establece la ley. Igualmente seguiremos ejerciendo nuestros derechos de reclamar pulcritud y transparencia en el uso de los fondos públicos, seguiremos como activista social participando en todas y cada unas de las causas que el pueblo dominicano abrace y en la cual estemos convencido que sea justa y necesaria para tener una sociedad más democrática y digna.

En ese sentido, extendemos por esta vía la misma recomendación que le hice al joven Edward Chá cuando fue amenazado de ser demandado por difamación, hecho que sí ocurrió. Le exigimos que un plazo de 24 horas RECTIFIQUE las informaciones vertidas en su blog personal y ofrezca una disculpas aclaratorias del hecho, so pena de ser sometido penal y civilmente por violación a los artículos 29 de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento y 367 del Código Penal los cuales tipifican la infracción de difamación e injuria.

Anexo 1: