Dos Relatos en Disputa
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Por: Bartolomé Pujals.
La política es la constante
batalla por el sentido. Es la constante pugna entre puntos de vistas. No es
posible concebir la política si no es a través de la relación dialéctica de
poder que se produce a lo interno de una sociedad. Quiere decir entonces, que
la lucha política es la lucha por la hegemonía o dicho en términos concretos,
es la lucha por la imposición de un proyecto de valores alternativos al que
rige determinada comunidad política.
El principal pilar del PLD para
su mantenimiento en el poder, ha sido la imposición de un relato único, que se
resume en el discurso de que ellos encarnan el progreso y la estabilidad del
país. Aquella frase de que el país se dividía entre peledeístas y corruptos,
pasó a la de civilización o barbarie, representado esto ultimo cualquier
intento de disidencia o reproche ciudadano que ha pretendido cuestionar el
poder. Su principal pilar representa a su vez la incapacidad que ha tenido la
oposición política de crear un nuevo relato, un proyecto de país verosímil
hacia donde encaminar a la gente.
En
ese esfuerzo, el PLD en una relación funcional y de subordinación con poderes
fácticos, lograron por mucho tiempo apagar la llama de la esperanza ciudadana
convenciendo de que otra opción no es posible, imponiendo así una cultura
política en donde se acepte y respete la estabilidad de un orden institucional
con la incapacidad de dar respuestas a las expresiones y demandas democráticas
de la gente. Esta reiterada producción y reproducción del relato es lo que ha
permitido la continuidad de la peor versión de lo mismo.
Con
éxito para ellos, la democracia ha sido reducida al momento (matadero)
electoral y el dialogo entre representantes y representados enterrado. Los
espacios de participación democrática se redujeron o se cubrieron bajo una
fachada que impide el involucramiento real y efectivo de la gente en la
creación de las políticas públicas que materialicen sus derechos fundamentales.
Todo esto se evidencia en nuestro sistema político a partir de la degradación
del Estado de Derecho y la acentuación del autoritarismo, en tanto el PLD ha
logrado un constante aumento del control de las instituciones llamadas a
garantizar el equilibrio democrático y el bienestar de la ciudadanía.
Pero
eso cambió. El 22 de enero irrumpió un nuevo relato. La ciudadanía imbuida en el sentimiento verde salió a recuperar el
momento democrático, liberando la discusión del secuestro de las instituciones
que han sido incapaces de satisfacer las necesidades de la gente. La
indignación e insatisfacción aislada se convirtió en un sujeto político llamado
Marcha Verde; en un interlocutor que a través de la consigna del fin de
impunidad replanteaba los términos de la discusión política planteando un nuevo
relato sobre la realidad. Se abría así la oportunidad para reconstruir lo
político, para re-significarlo con vocación transformadora.
El sentimiento verde visibilizó
el desencuentro entre dos visiones de la democracia: 1) Una democracia
aparente, vertical, de fachada que es producida y reproducida a través del
discurso oficial, del relato o discurso formal institucional; 2) una democracia
material, concreta y pretendida, que emana de una incipiente participación
ciudadana fruto de una suerte de rebelión con los términos del pacto social y
político.
La primera visión de la
democracia se atrinchera en un discurso cuyas capacidades de seducir son cada
vez menos exitosas por no comprender en sí la realidad de la gente, por haberse
erigido con oídos sordos a los reclamos de las mayorías. La segunda está
representada en una impugnación explicita del sistema político en su conjunto;
es decir, una suerte de desadhesión a lo institucional por la imposibilidad de
sentirse representado. Esto desemboca en una crisis de credibilidad que
erosiona sino el poder, por lo menos la gobernabilidad democrática. La gente se
colocó frente al tablero político y se dio cuenta entonces que el pacto social
y político no está vigente, pues sus representantes rompieron el acuerdo y los términos
que se están materializando son otros, no los acordados. El hartazgo de la
gente se organizó y se enfiló contra una forma de gestionar la democracia al
verificar que sus proyectos particulares de vida tenían cada vez menos espacio
de desarrollo en la sociedad.
Una de las facultades que les
proporcionó al PLD el establecimiento de ese relato único fue la posibilidad de
determinar y fijar las condiciones y reglas sobre las cuales quienes quieren
desafiarlo deben hacerlo.
¿Qué contenía el sentimiento
verde además de indignación? Desconfianza, falta de credibilidad en las
instituciones e impugnación a las condiciones y reglas impuestas por el PLD
para exigirles. El caso de ODEBRECHT demostró que la corrupción y la impunidad
son características fundamentales del sistema político. Los sobornos entregados
a funcionarios públicos de varias administraciones atravesaron la
institucionalidad democrática y revelaron un secreto a voces para la
ciudadanía: El Estado como botín, la mafia como esencia de la practica
política.
Esa falta de credibilidad en la
instituciones se reflejó nítidamente en las demandas iniciales del movimiento
verde, cuando reclamaba la conformación de una comisión de fiscales
independientes y la asistencia técnica de una comisión de la ONU o la OEA que
brindara ayuda en la compleja investigación de los graves hechos de corrupción
evidenciados. ¿Cómo se robustecieron éstas demandas? Con la firma de más de 500
mil ciudadanos del histórico Libro Verde que recorrió el país buscando el apoyo
de la ciudadanía en una petición dirigida al Presidente de la República. A
partir de ahí las marchas cifraron sus esfuerzos en la necesidad de llevar
hasta sus ultimas consecuencias esta investigación pero con autonomía de las
autoridades actuales por sus implicaciones en los hechos investigados.
La indignación que antes se expresaba
de forma dispersa y que buscaba respuesta, se articuló en torno a éstas
demandas. Pero lo hizo de forma contra hegemónica, es decir un contra canto, un
contra relato a las formas en que el PLD ha diseñado para desafiarle el poder.
No lo hizo sobre la base de las términos que fija el actor hegemónico, sino
sobre bases que garantizaran resultados reales en la prosecución de un caso que
tocaba los cimientos del modelo de dominación del PLD.
El relato del PLD constituye el
sentido común que da como válidas las causas reales de la insubordinación de la
gente, pero que en tanto sentido común confunde al indignado en el proceso de
construcción de su conciencia política, ya que de forma predeterminada está
anulado para cuestionar o tan siquiera observar con mirada diferente el entorno
que lo rodea. Sabe que algo anda mal y le impide superar sus condiciones
materiales de existencia, pero no sabe porqué, pues el porqué está escondido en
lo que él considera como sentido común y que se supone como incuestionable e
invariable. Lo que provocó el sentimiento verde fue una evolución cualitativa
en la conciencia de la gente, la cual al marchar comenzaba a cuestionar una
practica política degenerada y convertida en sentido común. La gente le
demostró al PLD que la sociedad envilecida y corrupta no era la expresión real
de la sociedad dominicana.
Pero, ¿qué ocurrió con las
demandas impulsadas por el Sentimiento Verde? Araron en el mar. No encontraron
oídos en las instituciones dispuestas a escucharlas, no encontraron respuestas
a sus exigencias. Pero, ¿por qué? porque esas demandas atentaban contra el
relato del PLD que establecía que la corrupción era un problema aislado, no
endémico y sistémico del actual orden político. La consecuencia inmediata fue
aumentar la desconfianza de la gente, lo que sumado a múltiples elementos de
hecho robustecieron la idea de la grave implicación de la clase política,
fundamentalmente del PLD, en este sistema de corrupción e impunidad
estructural. Los esfuerzos institucionales del PLD se orientaron a preservar la
estabilidad del sistema político, como una forma de proteger el relato que
regía sin disputa ni percances el imaginario colectivo hasta la epifanía que
provocó ODEBRECHT.
Las informaciones que fluyeron
de Brasil, la canallada mediática que constituyó el proceso judicial impulsado
y la estrategia fallida del poder de ignorar el reproche ciudadano como una
forma de proteger nuevamente el relato de que nuestro país crece y se democratiza,
llevaron a la gente a profundizar la discusión política. La falta de mecanismos
institucionales y la cooptación de los que existen, fundados en hechos
concretos, documentados y denunciados escalaron las demandas al exigir el
sometimiento judicial del presidente de la República por formar parte de un
esquema de triangulación que implicó pago de sobornos, sobrevaluaciones y
financiamiento ilegal de su campaña electoral.
Pero, ¿qué de “subversivo”
podía tener esta petición? En un régimen político como el nuestro en donde la
clase representante impidió la incorporación de figuras como el referéndum
revocatorio y no existen disposiciones claras y tramitables para el juicio
político por aplicar aquella máxima de que “los presidentes no se tocan” constituye
sin lugar a dudas un contra relato a una forma de ejercicio de poder omnímodo y
no sujeto a la rendición de cuentas y al cumplimiento de consecuencias por el
incumplimiento de las funciones puesta a su cargo.
Cuando el sentimiento verde se aunó
en la demanda de someter al presidente lo hizo convencido de su implicación en los
hechos denunciados y expresó a su vez que no está de acuerdo con que Danilo
Medina siga cumpliendo las funciones de primer mandatario de la nación. Situaciones
como estas demuestran que nuestro ordenamiento político tiene un gran vacío
institucional al carecer de procedimientos para poner freno a los gobernantes
en el intermedio de los periodos electorales provocando su renuncia o su
destitución.
Gran
parte de la ciudadanía está de acuerdo con someter al Presidente de la
República. La madre de todas las marchas, celebrada el 16 de Julio lo demostró
y las marchas consecuentes lo han robustecido. Sin embargo, la gente sabe que
las instituciones no van a atender el reclamo que plantean por encontrarse
secuestradas y al servicio de un relato que implica garantizar la impunidad
como mecanismo de supervivencia del actual orden político.
El
sentimiento verde ha fijado como objetivo principal el fin de la impunidad. Y
el fin de la impunidad implica la construcción de un nuevo orden democrático,
implica la construcción de un país que comienza por el desmonte del andamiaje
de la impunidad. Ese nuevo orden democrático implica lograr una reforma
estructural del Estado. Este
nuevo relato pasa por una lucha política que implica una lucha por la
hegemonía, una lucha por el sentido común.
El discurso político es
construcción y no expresión -“lo que se
dice produce sentido”-, y la tarea debe ser la de establecer:
1) un cuestionamiento constante
a los términos de la disputa, lo cual se logra a través de la incorporación de
un lenguaje, de símbolos, de hitos, mitos proscritos por el PLD y que se
encuentra excluido del lenguaje políticamente correcto. Entre ellos está plantearle
desde la ciudadanía que la construcción de un nuevo orden democrático se logra
desatando la discusión sobre el poder constituyente en tanto la capacidad de la
gente de crear una Constitución que permita establecer mecanismos de control
real de los gobernantes, como lo es la figura del referéndum revocatorio.
Implica además la creación de
un régimen electoral transparente y democrático que impida por
ejemplo lo que pasó con la campaña electoral del presidente la cual recibió
financiamiento ilegal fruto de sobornos y sobrevaluaciones; igualmente de una
Ley de Partidos Políticos que garantice la participación equitativa de los
actores políticos.
Implica
también la re-composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo
representantes de la sociedad civil y de las universidades y estableciendo una
representación más equitativa entre mayoría y minoría congresuales para evitar
el secuestro de la justicia y que se siga poniendo al servicio de la impunidad.
Asimismo,
garantizar la autonomía del Ministerio Público otorgándole independencia
administrativa y financiera del Poder Ejecutivo, un mandato explícito de poner
fin a la impunidad y recuperar el dinero defraudado a la sociedad dominicana.
Todas
estas demandas constituyen parte de la zapata que permitirá la construcción de
una institucional que materialice el fin de la impunidad y la creación de ese
nuevo orden democrático. Todas estas demandas constituyen a su vez parte de los
términos proscritos por el PLD discursiva o materialmente en el marco del
relato único que han impuesto a parte de la sociedad dominicana.
2) la construcción de un nuevo
campo político, es decir el espacio donde se cumplen las acciones, se recrea la
discusión, se construyen las agendas nacionales, el cual durante los últimos 8
meses se ha comenzado a escenificar en las calles, donde la gente se ha volcado
con demandas y exigencias que desbordan los limites impuestos por el relato del
PLD.
3) la capacidad de
re-significar y re-definir elementos que forman parte del debate y dar un
sentido distinto, de transformación, de cuestionamiento político (de la
relación) y coherente con el nuevo relato que irrumpe. La recuperación del
momento democrático, que implica ver la democracia más allá de las elecciones
sino en las acciones cotidianas de los representantes frente a sus
representados, ha implicado un proceso importante de re-significación de
conceptos tales como la democracia, participación, transparencia, en fin de una
serie de conceptos que habían sido secuestrados por el PLD y que poseían un
significado contrario a lo que la gente ha comenzado a reclamar en las calles.
Existe la voluntad ciudadana de
ser consecuentes con el sometimiento del presidente de la República, habidas cuentas
de que las instituciones puestas al servicio de la impunidad no actuarán, sin
embargo, cada acción se abona a un proceso de robustecimiento de que este
sistema político tiene una relación funcional con la corrupción.
El sometimiento del Presidente,
que es un reclamo que nace explícitamente del seno del sentimiento verde,
implica su destitución y separación del cargo. Implica enfrentarse a una
situación de ilegitimidad que solo se resuelve con más y mejor democracia, con
reformas y con la expresión libérrima de la gente reflejando nuevamente su
voluntad de elegir autoridades que no estén afectado por el lastre de la
ilegalidad e ilegitimidad.
Que las alarmas de régimen del
lodazal que garantiza impunidad se activen frente al surgimiento de una
manifiesto ciudadano que a su juicio llama al “caos y al desorden” es señal de
que el relato del PLD dejó de jugar solo. En una sociedad política como la
nuestra esto se explica principalmente en el hecho de haber “optado” por un
sistema político-institucional fundado exclusivamente en el modelo de
democracia representativa. Y es así, pues el sistema político dominicano de hoy
surge del germen del autoritarismo y es por ello que la adopción de una sistema
eminentemente representativo se hizo con la intención deliberada de entrampar
la democracia, de dejarla a la exclusiva voluntad de los representantes
condicionando la soberanía popular solamente a través de elecciones. El
problema que significa no haber tenido la oportunidad de habernos dotado una
forma más directa de democracia, hace esencial que los representantes se
encuentren permanentemente al tanto de las necesidades y urgencias que afectan
a la población.
Hay que re-abrir las puertas
del sistema democrático y llenarlo de las expresiones, de las demandas, de los
anhelos de tanta gente que se ha quedado fuera. Se trata de construir esperanza
y materializarla. Se trata de que en este desencuentro entre dos relatos, entre
dos visiones de la democracia, termine primando el de la construcción de un
nuevo orden democrático. La crisis y el desorden institucional tienen más de 50
años campeando por sus fueros, el nuevo relato implica la salida de esa crisis
de la democracia. Podemos hacerlos y lo estamos haciendo.
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