El Estado Regulador: Fachada del Estado Neoliberal.

El Modelo de Estado se encuentra revisitado. Las últimas tres décadas han sido el crisol en el cual se ha fraguado un nuevo concepto de este ente, en donde se ha producido una sustancial redefinición de sus funciones. Desde la Revolución Francesa, hemos podido observar tres modelos de Estado, en principio, dialécticamente opuestos. Esto como resultado de luchas que se dan a lo interno de la sociedad y que constituyen el vínculo esencial de las relaciones de poder que definen la política. Sectores diversos, unos colocados en posición subordinada y otros en posición de subordinar, han antagonizado por largo tiempo siempre con el propósito de imponer determinada filosofía política, es decir, una visión de la sociedad con vocación de universalizarse y constituirse en el proyecto de valores, principios e ideas de todos los ciudadanos. Desde el primer modelo de Estado, el apellidado como liberal, pasando por el Welfare State, jurídicamente configurado como el Estado social, llegamos a la manifestación más actual, conocida como el Estado regulador. 

El Estado regulador es una concepción que refleja una orientación que traduce una inclinación ideológica representativa de los valores de un sector sobre otro en el marco del texto constitucional. Este nuevo “paradigma” que se presenta como una reformulación del Estado Social plantea la necesidad de que los servicios públicos vayan a parar a manos de los particulares sobre la base de que estos son más eficientes que el Estado en cuanto a la actividad empresarial se refiere. Teóricamente se plantea la idea de que el Estado regulador no puede desconocer la cláusula del Estado Social contenida en nuestra Constitución y que por el contrario, este nuevo modelo lo que pretende es hacer más eficiente la satisfacción del interés general. 

Se plantea entonces esto como la evolución lógica y adecuada del proceso que comprende desde el Estado de Policía, pasando al Estado Liberal decimonónico y luego al Estado Social, provocándose la fusión entre estos últimos modelos en donde el Estado reconoce que su labor no puede extenderse solamente a la de garantizar las libertades individuales, sino que sumado a esta tarea, están otras que implican el acceso a los medios necesarios para tener una condición de vida digna.

Este esquema coloca en una posición de preeminencia a la iniciativa privada sobre la base del principio del subsidiariedad el cual dispone que allí donde la iniciativa privada sea más eficiente que el Estado, este no podrá intervenir. Esto evidencia una condicionante de corte incluso constitucional que coloca por encima de todo a los intereses económicos particulares, erigiéndose así en una patente de corso que restringe igualmente la concepción del modelo de desarrollo que tenemos basada en la inversión de capitales extranjeros en condiciones exageradamente desfavorables para el Estado Dominicano y que están acompañadas por todas las medidas de apertura económica y liberalización de los servicios públicos que son propias del “paradigma” del Estado regulador y que buscan teóricamente viabilizar la concreción de la cláusula del Estado Social.

Esta tendencia de la desregulación propia del Estado regulador, que desde el punto de vista semántico, implica la supresión de restricciones, sobre todo restricciones relacionadas con el ámbito económico, las cuales son establecidas por el Estados a los agentes económicos.  En este sentido, la desregulación hace referencia a la potenciación de la competitividad y el libre mercado, es decir, a la libertad de competencia.

Este fenómeno de la desregulación que se presencia actualmente en la realidad jurídica de Estados como el nuestro y contrario a lo que el término podría sugerir, no se trata de un estado de desorden o anarquía en ausencia total de regulación por parte del Estado, se caracteriza por la sustitución de normas intervencionistas del Estado, por normas destinadas a garantizar la libre competencia del mercado y el libre ejercicio de organismos privados, pero sobre la base de servicios públicos.

Se aprecia con mayor fuerza en virtud del proceso de globalización, que ha desencadenado en evidentes cambios en las políticas públicas, lo cual se debe a la presencia cada vez más marcada de empresas multinacionales y grupos económicos internacionales que necesitan cada vez más de normas uniformes que les brinden seguridad en el desempeño de sus funciones comerciales y que fomenten la libertad del mercado.

Esto es evidente en una marcada tendencia a favorecer procesos de privatización de servicios públicos y empresas estatales, afectando la garantía y protección de estos derechos sociales, provocando a nuestro juicio una desfundamentalización de los derechos fundamentales, dado pues que los servicios públicos tienen como propósito servir de mecanismos de materialización de dichos derechos y al estar regidos por un modelo de Estado que se erige en garantía institucional de la economía de mercado, estos quedan regidos por la premisa de ser sujetos de mercantilización, lo cual provoca la tensión entre el acceso en tanto derecho que permite la concreción de la dignidad humana, y la limitación que se impone al pasar a manos privadas, cuyo principal propósito es la acumulación de capital.

Dentro de los elementos que comprenden el cambio político que requiere este país está la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de Estado que tomen en cuenta la realidad particular y geopolítica de nuestro país. Hay que superar este modelo de Estado, podemos hacerlo y lo vamos a hacer.